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Polémica: un proyecto propone multas millonarias y endurecer penas de prisión para el que propague el Covid

En Argentina una diputada propone tratar la situación de la pandemia con mayor firmeza: con el acompañamiento de otros 16 compañeros de bancada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos presentó un proyecto para aumentar las penas previstas en el Código Penal para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Lo que pide específicamente Vallejos es modificar las sanciones previstas en tres artículos del Código y que datan desde 1921. «Busca evitar conductas irresponsables de infractores de las medidas de protección en materia de salud pública, que pongan en riesgo la salud y la vida de la población en el marco de la pandemia de la Covid-19. Para ello se propone endurecer las penalidades ya contempladas en los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal.

¿Qué dicen hoy esos artículos?

ARTICULO 202. «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas». En este caso, la iniciativa propone mantener sumar «una multa equivalente a entre 15 y 600 Salarios Mínimo Vital y Móvil ($ 324.000 a $ 12.960.000 actualmente)».

ARTICULO 203. «Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de $ 5.000 a $ 100.000; si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años». Acá propone aumentar la multa de 5 a 100 Salarios Mínimos (de $ 108.000 a $ 2.160.000).

ARTÍCULO 205. «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia». En este caso, propone sumar la misma multa que para el artículo 203.

En cuanto a las penas de prisión ya previstas, sugiere para el artículo 205 «duplicar las sanciones cuando la comisión del delito se produce en el marco de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud o de Emergencia declarada por el Poder Ejecutivo Nacional.

En el entorno de la diputada aclaran que no quieren «castigar ninguna conducta que no se encuentre ya tipificada», sino que, en particular, proponen sumar y endurecer las multas. Respecto a qué conductas pueden ser pasibles de estas sanciones, aseguran que «eso deben determinarlo las autoridades judiciales». De todos modos, dan algunos ejemplos, como los que regresan al país en avión sabiendo que pueden estar contagiados.

Refieren en particular a un artículo escrito hace poco menos de un año por el Dr. Gustavo E. Aboso, en relación al delito más grave,el previsto en el artículo 202: «Cuando una persona sabe o cree que puede ser portadora del virus y sin importarle nada ni nadie, en un acto de puro egoísmo, se traslada en un avión o una embarcación, como ocurrió en varios casos, o asistió de manera despreocupada a una reunión familiar o social, sabiendo que estaba dentro del grupo de personas en riesgo, porque habían visitado países en donde el virus se había propagado, en todas esas hipótesis los responsables han actuado de manera dolosa en los términos del art. 202 del Cód. Penal». Es el que prevé hasta 15 años de prisión.

Con intencionalidad política, en el Frente de Todos recuerdan la polémica de un diputado opositor, Ricardo Buryaile, a quien apuntaron por presuntamente cometer este delito para asistir a una sesión. Es decir, subirse a un avión sabiendo que podía estar contagiado. El ex ministro macrista lo niega y asegura que viajó con los PCR negativos.

El proyecto de Vallejos, que en 2017 encabezó la lista de diputados nacionales en Provincia que llevaba a Cristina Kirchner para el Senado, también fue firmado por Carlos Cisneros, Lía Caliva, Blanca Osuna, Graciela Landriscini, Nancy Sand, Carolina Yutrovic, María Graciela Parola, Victoria Rosso, Claudia Ormachea, Juan Carlos Alderete, Nelly D’Aldovo, Hilda Aguirre, Rosa Muñoz, Estela Hernández, Alicia Aparicio y Aldo Leiva. Como se presentó en estos días, aún no fue girado a comisiones

Fuente: El Clarin

Audiencia pública ante la Corte sobre la legislación del domingo

Se realizó una audiencia pública ante la Corte en una causa en la que se debate la constitucionalidad de una ordenanza municipal que prohíbe a supermercados abrir los días domingo

Fue este miércoles, en el marco de la causa “Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. CIJ TV transmitió en vivo

Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizó este miércoles, en la Sala de Audiencias del Máximo Tribunal, una audiencia pública informativa en la causa CSJ 1751/2018/CI1 “Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.
En el expediente, el propietario de un supermercado dedujo una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito  -Córdoba- a fin de que se declare inconstitucional la ordenanza 1660, dictada por el Consejo Deliberante de esa localidad el 26 de agosto de 2014 que, bajo el título “descanso dominical del trabajador”, prohíbe a los supermercados (con superficie igual o superior a los 100 metros cuadrados) abrir los días domingo y establece multas progresivas a los que incumplan la medida.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada, decisión que ha sido cuestionada por la parte demandada mediante un recurso extraordinario que, al haber sido denegado, motivó la interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema.